La gestión pública proba

Prevenir la corrupción en la gestión pública. El primer paso.

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De acuerdo con el primer reporte de la adjuntía para la lucha anticorrupción de la Defensoría del Pueblo, en el 2016 se registraron 32,925 casos de corrupción, se estima que se pierden S/.12,600 millones anuales por actos de corrupción en el Perú; esto representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional (CNN).

Los casos de corrupción sobre los que la Defensoría hace su reporte, son aquellos que están en investigación en el Ministerio Público y Poder Judicial. Es decir, es posible que el monto y el número de casos sean mayores. Por ejemplo, en Proética estiman que los efectos económicos negativos se ubicarían entre un 3% y 5% del PBI, al año, es decir, hasta unos S/33.800 millones. (El Comercio). Estos datos evidencian que el problema es muy grave y nadie parece encontrar la solución. Por el contrario, el problema parece agravarse.

En estos días en que el sistema político del país está seriamente cuestionado por las evidencias y las fundadas sospechas de actos de corrupción en las altas esferas del poder, quienes desde el Estado están llamados a “hacer algo” asumen posiciones diversas, desde pedir la vacancia presidencial, hasta cuestionar la idoneidad de los que fungen de jueces, opinólogos o decisores de acciones para luchar contra la corrupción. Las acciones se orientan fundamentalmente a salidas temporales o paliativos para reprimir, sancionar, juzgar y sentenciar los actos cometidos, es decir, son reactivos.

El problema parece ser estructural e histórico, abundan casos emblemáticos (Consorcio Tralima, Business Track, Odebrecht, Villa Coca, entre otros) que evidencian que el problema supera nuestro marco institucional. A pesar de que existe un marco normativo amplio, la falla se detecta en la aplicación de las normas; los procesos se dilatan, llegan a prescribir y as penas o sanciones impuestas no parecen tener ningún efecto disuasivo. Las reparaciones al Estado que acompañan a las sentencias no se hacen efectivas, un sentenciado no tiene ningún impedimento para recuperar su libertad y sus derechos, aun cuando no haya pagado la reparación.

Sin embargo nuestra reflexión no va por ese lado, más bien quisiéramos añadir una perspectiva social y preventiva.

Desde el punto de vista social, los costos de la corrupción los pagamos todos los peruanos. Cada coima suma y se materializa en exorbitantes sobre-costos por proyectos, que se formalizan en las famosas adendas. De acuerdo con IDL Reporteros, en el caso Odebrecht la Contraloría calculó que el Tramo 2  de la carretera Interoceánica, pasó de 286 a 1,409 millones de dólares. Y el Tramo 3, de 356 a 1,130 millones de dólares. Casi 300% más de lo establecido inicialmente. (IDL Reporteros)

Pero lo más injusto es que la corrupción tiene un mayor efecto negativo en la población más pobre, porque la capacidad de gasto de este segmento de la población, se orienta esencialmente a bienes de consumo gravados con los impuestos indirectos (IGV) que son los más injustos porque son “ciegos”, es decir, lo pagan tanto pobres como ricos, con la misma tasa (18%).

De otro lado, quienes trabajamos en el ámbito de la gestión pública nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿Es posible que la gestión pública se realice sin caer en la maraña que los estrategas de la corrupción han instalado en el Estado?. La reflexión nos debe llevar a buscar respuestas para prevenir la corrupción a través de una gestión pública que no solo premie la meritocracia, sino también, las conductas probas.

De manera preventiva, debemos promover que en los procesos de selección (Términos de referencia, requisitos, perfiles y/o condiciones contractuales) para contratar personas naturales o jurídicas, se incluyan, explícitamente, aspectos que favorezcan antecedentes de transparencia, honestidad, integridad y habilidades sociales vinculadas con valores anticorrupción. Este podría ser el primer paso.

Resultado de imagen para ausencia de un padre
¿Se imaginan que, por ejemplo, un postulante o aspirante a algún cargo o función pública sea descalificado por no haber reconocido un hijo o por omitir su responsabilidad en su manutención?.

Seguiremos reflexionando.

Autor: Manuel Santos Montoro

Especialista en gestión pública, con énfasis en educación y desarrollo social.

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